El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un nuevo esquema de costos para las prestaciones que realiza su Laboratorio Nacional de Inmunogenética, vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células. La medida fue oficializada mediante la Resolución 235/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a los 30 días corridos desde su publicación.
A partir de esta disposición, el organismo podrá facturar los estudios a obras sociales, prepagas y entidades de cobertura sanitaria de los pacientes. Sin embargo, el INCUCAI aclaró que las personas con cobertura pública exclusiva continuarán siendo financiadas por el Fondo Solidario de Trasplantes, por lo que no deberán afrontar el costo de estas prestaciones.
El Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, realiza estudios fundamentales para el sistema de procuración y trasplante, como tipificación de donantes, análisis de histocompatibilidad, estudios de HLA y anticuerpos anti-HLA, entre otras prácticas especializadas. También brinda soporte ante contingencias que puedan afectar a otros laboratorios del país.
Según el anexo de la norma, la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de $514.000. En tanto, un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas fue fijado en $979.000.
La resolución también establece valores para otros estudios complejos, como determinaciones de células CD34+, quimerismo, detección de ADN libre circulante y distintos análisis de histocompatibilidad. Desde el organismo indicaron que el objetivo es recuperar los costos de equipamiento, insumos y recursos técnicos utilizados en estas prestaciones.
Uno de los puntos centrales de la medida es que los pacientes que dependen exclusivamente del sistema público no pagarán estos estudios. En esos casos, el financiamiento continuará a cargo del Fondo Solidario de Trasplantes, mecanismo destinado a garantizar el acceso a prestaciones necesarias para quienes no cuentan con obra social o prepaga.
La norma también dejó sin efecto la Resolución 97/2026, que había planteado un esquema similar pero no llegó a implementarse por una revisión operativa y de costos. Ahora, la Dirección de Administración y la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas deberán avanzar con las medidas necesarias para poner en marcha el nuevo sistema de facturación.
