La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, enfrenta desde el 2 de septiembre de 2025 una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad. La acusación fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón tras el pedido formal que hizo su cartera al Ministerio de Seguridad: ordenar allanamientos contra el canal de streaming Carnaval y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuya publicación había sido prohibida judicialmente.
Dalbón calificó la acción como «una violación flagrante de la libertad de expresión», al señalar que la demanda buscaba “amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa”. Además, sostuvo que la denuncia impulsa un uso del poder estatal “para blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en delito”, lo que, a su juicio, sienta un preocupante precedente institucional.
El contexto del caso se vincula con una investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde las filtraciones apuntan a que parte de los sobornos beneficiaban a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. El Gobierno, por su parte, había denunciado una supuesta “operación de inteligencia no institucional” y obtuvo una medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevos audios grabados en la Casa Rosada.
La denuncia fue radicada en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juzgado federal 12, subrogado actualmente por el juez Julián Ercolinil. En ella, Dalbón afirmó que la ministra dictó órdenes contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, utilizando el aparato estatal como herramienta de intimidación
