Burford Capital, principal beneficiario del fallo en primera instancia contra el Estado argentino por la expropiación de YPF en 2012, solicitó formalmente que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones. El pedido, que ya había sido anticipado días antes de Navidad, se conoció oficialmente en las últimas horas y se suma a la extensa causa que condenó al país a pagar USD 16.000 millones, cifra que hoy supera los USD 18.000 millones con intereses.
El reclamo fue detallado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, quien advirtió que se trata de un proceso largo y con múltiples aristas. Según explicó, Burford solicitó una serie de medidas contra la Argentina, entre ellas declarar el “alter ego” de organismos y empresas estatales como el BCRA, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, además de sanciones civiles, una presunción negativa por pruebas no entregadas y una multa coercitiva de un millón de dólares diarios, junto con la declaración formal de desacato.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado, rechazaron los argumentos del fondo y aseguraron que la Argentina cumplió “plena y ampliamente” con el proceso de discovery, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y testimonios de funcionarios. En ese sentido, señalaron que el planteo de Burford constituye un intento de hostigamiento mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados”, enmarcado en una estrategia para presionar al país en medio de avances judiciales favorables.
La ofensiva del fondo se apoya en el supuesto incumplimiento de órdenes vinculadas a la entrega de correos electrónicos y mensajes personales de funcionarios, algo que el Estado niega por no tener control legal sobre esos dispositivos y por tratarse de comunicaciones protegidas por la legislación local. Más allá de lo que resuelva Preska, el escenario genera preocupación: una eventual declaración de desacato sería una señal negativa para la Argentina, que busca recomponer su vínculo con los mercados internacionales. Según el cronograma judicial, no se espera una definición antes de fines de marzo, mientras el país presentará sus argumentos el 19 de febrero.
