La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni avanzó este lunes con la declaración de dos prestamistas clave ante la Justicia federal. Las testimoniales se realizaron en los tribunales de Comodoro Py y forman parte de una investigación que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias del funcionario.
Las testigos son Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, quienes figuran como acreedoras de un préstamo de 100.000 dólares otorgado a Adorni. Según consta en la causa, el dinero fue entregado bajo una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco, propiedad del funcionario y su esposa. La Justicia intenta determinar la trazabilidad de esos fondos y si se condicen con los ingresos declarados.
De acuerdo a la investigación, Molina —una policía retirada— habría aportado la mayor parte del dinero, mientras que su hija, actualmente en actividad, completó el monto restante. El préstamo se pactó con devolución en un plazo de dos años, con una tasa de interés del 11% anual. Los fiscales buscan verificar la capacidad económica de las prestamistas y la legalidad de este tipo de financiamiento privado.
La causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, continuará en los próximos días con nuevas declaraciones. Entre ellas, se espera la participación de otras dos mujeres vinculadas a la compra de otro inmueble del funcionario, en una semana considerada clave para determinar si existió o no un incremento patrimonial injustificado.
