Un grupo de nueve provincias argentinas –que integran la llamada “Liga de Provincias Bioenergéticas”– presentó en conjunto con la Unión Industrial Argentina (UIA) un proyecto para modificar la Ley 27.640 vigente, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad al sector de los biocombustibles.Mediante ese proyecto, se propone reemplazar el esquema actual de cupos y precios regulados por un sistema de licitaciones transparentes entre privados, ampliar progresivamente las mezclas obligatorias de bioetanol y biodiésel con combustibles fósiles, y diversificar las materias primas permitidas hacia fuentes agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustriales y residuos orgánicos.
Según los promotores, el nuevo marco legal buscaría elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12 % al 15 % en un plazo de dos años, y duplicar gradualmente el biodiésel en el gasoil (del 7,5 % actual al 15 % en tres años). Para la región patagónica, en tanto, se contempla un corte diferencial del 10 %, sujeto a revisión periódica. El proyecto incluye además la posibilidad de habilitar motorizaciones flex fuel y kits de conversión, así como de abrir un mercado libre para mezclas por encima del umbral obligatorio.
Las entidades del sector estiman que la norma no implicaría un costo fiscal significativo, ya que una parte del impacto se compensaría con ajustes en impuestos sobre la porción fósil de las mezclas, sin afectar el precio al surtidor. A su vez, los impulsores destacan beneficios como la sustitución de importaciones de combustibles fósiles (con un ahorro estimado en divisas), la generación de empleo en las economías regionales y el fortalecimiento de cadenas productivas locales. En este sentido, el proyecto aspira a consolidar una política energética federal y a promover una industria bioenergética más competitiva y sostenible.
Actualmente, el proyecto ya se encuentra en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde fue presentado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien resaltó el trabajo técnico y el consenso alcanzado por las provincias productoras. No obstante, aún restan negociaciones clave en torno a los plazos de aplicación, los mecanismos de fijación de precios y el grado de apertura comercial en el sector. Mientras tanto, cámaras del azúcar y del bioetanol de maíz enviaron recientemente una nota conjunta a los senadores expresando su respaldo al proyecto y su pedido de aprobación urgente.
