Los principales puertos del país permanecen paralizados por la decisión de prácticos, pilotos y baqueanos de suspender la prestación de servicios, en rechazo al Decreto 690/2026 del Gobierno nacional. El conflicto mantiene detenidos a más de 140 buques y afecta el ingreso, la salida y el traslado de embarcaciones por las vías navegables argentinas.
Qué establece el decreto
La normativa, publicada el 31 de julio, modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. Entre otros puntos, creó un registro abierto de profesionales, habilitó la libre contratación, eliminó restricciones geográficas y estableció que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fije tarifas máximas. El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán aumentar la competencia y reducir los costos logísticos.
Los profesionales cuestionan que la desregulación amplíe las excepciones para navegar sin prácticos y permita que determinados capitanes acrediten mediante una declaración jurada su conocimiento de la zona. Según el sector, estas modificaciones podrían comprometer la seguridad de la navegación, por lo que reclaman la suspensión o derogación del decreto antes de iniciar una negociación.
Riesgo para las exportaciones y los combustibles
La protesta afecta terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, San Lorenzo, Bahía Blanca, Santa Cruz y Caleta Córdova, además de puertos vinculados con el complejo agroexportador del Gran Rosario. También quedaron interrumpidas operaciones relacionadas con el traslado de petróleo, nafta, gasoil y fuel oil, lo que generó advertencias sobre posibles dificultades de abastecimiento si el conflicto se prolonga.
La Prefectura Naval comenzó a intimar individualmente a los profesionales para que retomen la actividad, argumentando que el practicaje es un servicio público. Mientras tanto, representantes oficiales y empresarios del sector buscan abrir una mesa de diálogo, aunque los prácticos mantienen la medida por tiempo indeterminado.
