La recién promulgada Ley 27.737, que modificó el Código Civil y Comercial, trae consigo incertidumbre sobre quién paga las reparaciones en una vivienda alquilada. La normativa, en vigor desde octubre de 2023, mantiene los lineamientos de julio de 2020.
Según la ley, el propietario debe conservar la propiedad en condiciones de uso y asumir las reparaciones por deterioros no imputables al inquilino. Sin embargo, persisten las dudas sobre qué se considera «causa imputable al locatario».
Ante un desperfecto, el inquilino debe notificar al propietario. En situaciones urgentes, el dueño tiene 24 horas para responder; de lo contrario, el inquilino puede solucionarlo y pasar la factura. Para reparaciones no urgentes, el propietario dispone de 10 días para actuar, o el inquilino puede hacerlo y cobrarle.
La ambigüedad persiste en la definición de «urgencia», dejando espacio para interpretaciones y posibles desacuerdos. Expertos aconsejan acordar criterios detallados en el contrato para evitar conflictos futuros.
Entre otros cambios, la ley prohíbe la dolarización de los alquileres, establece aumentos semestrales, introduce una nueva fórmula de ajuste llamada «Casa Propia», y otorga beneficios impositivos a las partes.
Es crucial para inquilinos y propietarios comprender estas nuevas disposiciones para evitar conflictos y garantizar una convivencia armoniosa en el ámbito de los alquileres.
