En un giro significativo en la escena política argentina, más de 30 integrantes del Gobierno de Alberto Fernández presentaron sus renuncias ayer por la mañana, siendo ya aceptadas por el Presidente saliente con el objetivo de facilitar el traspaso a la gestión del recién electo presidente, Javier Milei.
A menos de una semana de la asunción de Milei, más de 20 funcionarios de diversos Ministerios han formalizado su salida, como se detalla en las dimisiones publicadas en el Boletín Oficial esta madrugada. Entre los Ministerios afectados se encuentran Educación, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Seguridad, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, destacándose la renuncia de Carlos Zannini.
Las dimisiones fueron oficializadas mediante diversos decretos, como el Decreto 673/2023 que formaliza la salida de Carlos Zannini «a partir del cese del actual mandato presidencial, el día 10 de diciembre de 2023». El Boletín Oficial expresó su agradecimiento por los servicios prestados por el exfuncionario.
En el mismo contexto, otros decretos, como el 675/2023, confirmaron la aceptación de la renuncia del Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero. Asimismo, se ratificaron las salidas de funcionarios de Justicia y Derechos Humanos, incluyendo al secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
En Salud, el Decreto 672/2023 detalló la aceptación de las renuncias de varios funcionarios, entre ellos la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Gimena Ariadna del Río, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Fabián Marmoni.
El Ministerio de Educación también experimentó cambios, como se evidencia en el Decreto 669/2023, que confirma la salida de Germán Jorge Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, y otros destacados miembros.
Estas renuncias se suman a las 36 anunciadas previamente, que incluyen nombres como Luana Volnovich, Silvina Batakis, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, este proceso se ajusta al procedimiento habitual de renovación de funcionarios tras un cambio de mandato.
