Bolivia atraviesa una crisis marcada por la escasez de combustible, que afecta tanto a la actividad económica como a la vida cotidiana de sus habitantes. En ciudades como El Alto y La Paz, largas filas de vehículos permanecen días enteros frente a las estaciones de servicio, mientras los conductores intentan obtener diésel y gasolina. Esta situación, provocada por un colapso monetario que limita el acceso a divisas, ha disparado los precios de alimentos y paralizado actividades agrícolas y comerciales.
La falta de combustible ha generado protestas masivas en varias regiones del país. En Santa Cruz, cientos de camioneros y ciudadanos salieron a las calles exigiendo soluciones al presidente Luis Arce, quien enfrenta crecientes críticas por su gestión. En La Paz, mujeres golpearon cacerolas y los manifestantes clamaron por un cambio inmediato en las políticas económicas del gobierno. Las demandas también incluyen adelantar las elecciones presidenciales previstas para agosto de 2025.
La crisis tiene un impacto directo en el sector agropecuario, clave para la seguridad alimentaria del país. La falta de diésel afecta el transporte de productos a los mercados, lo que ha provocado un aumento significativo en los precios de alimentos básicos como papas, cebollas y carne. Los agricultores advierten que, sin acceso al combustible necesario para la siembra, la producción de alimentos podría desplomarse en los próximos años.
A pesar de las promesas del gobierno de normalizar la distribución de combustible, los bolivianos expresan su descontento ante la falta de resultados. El modelo económico basado en la exportación de gas natural, que alguna vez posicionó a Bolivia como un actor destacado en América del Sur, ha colapsado, obligando al país a depender de costosas importaciones de combustibles. La situación pone en jaque al oficialismo, fracturado entre las facciones del presidente Arce y su antecesor Evo Morales, de cara a un proceso electoral que se vislumbra tenso.
