El Gobierno nacional dispuso la suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, como parte de una política orientada a racionalizar el gasto y ordenar la planta estatal. La medida se inscribe en el proceso de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La decisión fue oficializada mediante el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional no podrán realizar contrataciones ni designaciones de personal bajo ninguna modalidad, incluyendo plantas transitorias, contratos temporales, a plazo fijo, eventuales o por prestación de servicios.
No obstante, el decreto fija excepciones para áreas consideradas estratégicas, como la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad —excluyendo su planta civil— y el personal profesional destinado a hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación. También quedan exceptuados el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el cuerpo de guardaparques nacionales y determinadas contrataciones artísticas en el ámbito de la Secretaría de Cultura.
Además, la normativa incorpora un mecanismo de reemplazo controlado, que permitirá a partir de 2026 realizar una incorporación por cada dos bajas, previa autorización oficial y siempre que no se trate de retiros voluntarios. El decreto también prorroga hasta fines de 2026 las restricciones vigentes sobre el empleo público y ratifica el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, extendiendo estas políticas de control a empresas y fondos con participación estatal mayoritaria.
