Los contratos de alquiler en Argentina se actualizan según distintos indicadores económicos que sirven como base para determinar los ajustes. El más conocido hasta hace poco fue el Índice para Contratos de Locación (ICL), confeccionado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este índice combinaba en partes iguales la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la del Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
En el régimen vigente hasta la derogación de la ley de alquileres en 2023, el ICL era obligatorio para contratos regidos por la ley antigua, actualizándose una vez al año.
Sin embargo, luego del cambio normativo, los contratos nuevos tienen la posibilidad de pactar otras periodicidades (trimestrales, cuatrimestrales, semestrales) y otras fórmulas de ajuste, y pueden incluso optar por utilizar de referencia únicamente el IPC u otro índice.
Entre los tipos de índice que se emplean están:
El IPC: mide la variación de los precios al consumidor y puede usarse directamente como parámetro de ajuste cuando el contrato lo estipula.
El ICL: ya explicado, mezcla inflación y variación salarial para reflejar tanto los costos como los ingresos.
Otro enfoque es fijar una periodicidad menor al año (por ejemplo cada tres o cuatro meses), lo que modifica el porcentaje de aumento efectivo y puede moderar el impacto en el inquilino.
La obligatoriedad y la fórmula específica dependerán del marco normativo y del tipo de contrato. Por ejemplo, los contratos que ya estaban vigentes bajo la antigua ley debían ajustarse por ICL una vez al año, mientras que los contratos firmados bajo el nuevo régimen que rige desde 2024 pueden establecer otras condiciones.
En la práctica, esto significa que al conocer cuál es el índice pactado en el contrato (IPC, ICL u otro), y cuál es la periodicidad de actualización, tanto propietarios como inquilinos pueden anticipar el monto al que llegará el alquiler en la próxima revisión.
