El gobierno de Javier Milei ha desatado una ola de indignación y preocupación al ordenar el cierre de 64 oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en todo el país, así como el despido de más de 1300 trabajadores. Esta medida está dejando a millones de argentinos sin acceso a servicios esenciales y generando una serie de complicaciones en la atención a los ciudadanos que dependen de esta institución para realizar trámites vitales.
El Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) ha informado sobre los cierres de oficinas en diversas provincias, como Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.
Estos cierres están teniendo un impacto devastador en la población, obligando a los ciudadanos de diferentes localidades a recorrer largas distancias y perder horas de su tiempo para trasladarse a otras oficinas que, a su vez, están saturadas por el elevado número de personas que buscan atención.
Estas medidas han generado una ola de críticas por parte de los afectados y de diversos sectores de la sociedad, quienes denuncian la falta de consideración hacia los ciudadanos y el desprecio por el trabajo de los empleados de ANSES. La decisión de cerrar oficinas y despedir personal ha sido calificada como cruel, injustificada e inhumana, y se ha instado al gobierno a revertir esta situación que deja a millones de argentinos en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.
