El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, anunció la implementación de la ley marcial alegando agresiones de Corea del Norte, lo que incluyó el cierre del Parlamento y la posibilidad de intervención militar irrestricta. Sin embargo, la medida provocó una ola de manifestaciones y la rápida reacción de la oposición, que calificó la decisión como un ataque directo a la democracia.
Mientras miles de ciudadanos se congregaban frente a la Asamblea Nacional, las fuerzas de seguridad intentaron tomar el edificio. Pese a este contexto de tensión, los parlamentarios opositores lograron reunirse y votaron, con 190 votos a favor, la revocación de la ley marcial. Según la Constitución, este resultado obligó al presidente a retirar la medida, que no se había aplicado desde los años 80.
Yoon justificó su decisión calificando al Congreso opositor como un “refugio para criminales” que busca desestabilizar el “orden democrático liberal”. Sin embargo, la falta de evidencia sobre la supuesta amenaza de Corea del Norte y el carácter drástico de la medida generaron críticas tanto dentro como fuera del país.
La crisis desatada por este conflicto refleja la creciente tensión política en Corea del Sur, donde el oficialismo enfrenta una fuerte presión de una oposición mayoritaria. La revocación de la ley marcial fue vista como una victoria para la democracia, aunque el clima político sigue siendo incierto.
