El gobierno del presidente Donald Trump está considerando invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, según fuentes cercanas a las discusiones. Esta ley, poco utilizada desde su promulgación en el siglo XVIII, otorga al presidente amplios poderes para identificar y expulsar a extranjeros considerados una amenaza. Sin embargo, expertos legales anticipan que su aplicación podría enfrentar desafíos judiciales significativos.
La administración ha centrado su atención en el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana recientemente designada como organización terrorista extranjera. Esta designación fue el primer paso en la estrategia para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, según un alto funcionario de la Casa Blanca. Durante su campaña de 2024, Trump prometió repetidamente emplear esta ley para deportar a miembros de pandillas y cárteles de la droga, citando al Tren de Aragua como una amenaza significativa.
Las discusiones actuales también abordan el destino de los migrantes deportados. Aunque Venezuela ha aceptado recibir a sus ciudadanos repatriados, la capacidad de estos vuelos es limitada. Como alternativa, se están considerando acuerdos con países como El Salvador para recibir a migrantes de terceros países. El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros permitiría agilizar el proceso de deportación, evitando el sistema judicial de inmigración que suele ofrecer a los inmigrantes la oportunidad de buscar alivio y presentar argumentos para permanecer en el país.
Esta decisión se enmarca en una serie de medidas recientes de la administración Trump para reforzar la política migratoria. Entre ellas, la implementación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados, con multas y penas de cárcel para quienes no se inscriban, y la intensificación de deportaciones y arrestos mediante la asignación de agentes adicionales del Servicio de Seguridad Diplomática.
