La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Legislación General, inició el último martes el debate en comisión de los proyectos presentados con el objetivo de tratar una nueva Ley de Alquileres a principios de mayo. Y entre los ingresados se encuentra la iniciativa impulsada por el diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), que apunta a atacar uno de los principales problemas que tiene el mercado: oferta reducida de propiedades, precios altos y dificultades crecientes para el acceso a la vivienda a los inquilinos.
A diferencia de otros que se presentaron en la Cámara, el proyecto presentado en simultáneo, en Diputados, por el legislador y ex ministro del Interior y Obras Públicas, y en el Senado por la neuquina Lucila Crexell, incorpora una exención en la Ley N° 23.966 de Bienes Personales para eximir del pago de ese tributo a los propietarios de inmuebles ofrecidos para alquilar cuyo valor no supere los 30 millones de pesos.
“Brindar incentivos a los propietarios de inmuebles para alquiler disminuirá la cantidad de propiedades ociosas, incrementará la oferta, la competencia y ayudará a contener los precios de los alquileres a lo largo y ancho del país. Sobre todo, en los precios iniciales de los contratos de alquiler que se celebren a partir de la sanción de este proyecto”, comentó el diputado en los fundamentos del proyecto.
La Comisión de Legislación General, que quedó formalmente constituida desde el martes 5 de abril pasado bajo la presidencia de Cecilia Moreau (Frente de Todos) es la que comenzó esta semana el análisis de las iniciativas presentadas. El primer encuentro inició a las 13 de ese día y una vez finalizada pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Allí expusieron inquilinos y representantes del sector inmobiliario,
Frigerio, al referirse a su proyecto, señaló en redes sociales: “El objetivo es que se exima del pago de bienes personales a todas las viviendas puestas en alquiler, beneficiando tanto a propietarios como a inquilinos. Necesitamos entender que los impuestos sin sentido perjudican a todos”.
“Necesitamos aumentar la cantidad de viviendas en alquiler y así volver a un mercado inmobiliario equilibrado —también explicó en ese sentido—. Por eso he decidido, junto a otros legisladores de nuestro espacio, presentar un proyecto de ley de incentivos en vez de castigos”.
En los fundamentos del proyecto también se lee: “Los propietarios mantienen fuera del mercado inmobiliario sus departamentos y/o casas como consecuencia de las alteraciones de los precios relativos y la incertidumbre que generó la Ley de Alquileres, Ley Nro. 27.551. Aún más incierto se presenta el panorama tras reiterados anuncios que aseguran que la misma sería derogada o modificada”.
Luego, Frigerio sintetiza en el documento: “Este proyecto de mi autoría promueve el alquiler de propiedades ociosas mediante estímulos impositivos”.
El proyecto presentado por el ex ministro de la Nación apunta puntualmente a sumar al apartado de “Exenciones” detallado en el Artículo 21 del Título VI relacionado a Impuesto sobre los Bienes Personales en el marco de la Ley Nº 23.966.
El texto oficial compartido por el diputado nacional del PRO detalla, en ese sentido: “Artículo 1°.- Incorpórese el inciso L) al artículo 21 del Título VI de la Ley N°23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y su modificaciones: ‘L) Los impuestos destinados a locación para casa-habitación, siempre que el valor de la propiedad no supere el monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24′”.
“De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a treinta millones de pesos ($ 30.000.000)”, es lo que señala el artículo 24 citado por el proyecto.
La senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, fue quien presentó el proyecto junto a Frigerio. El trabajo en conjunto entre el diputado y la senadora, según precisaron a Infobae, sirvió para poder sumar el documento al debate en la Comisión de Legislación General .
Además, la propuesta cuenta con las firmas de los diputados nacionales Diego Santilli, Ricardo López Murphy, Cristian Ritondo, Álvaro González, María Luján Rey, Gustavo Hein, Francisco Sánchez, Héctor Antonio Stefani, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Santos, Ingrid Jetter y Álvaro Martínez.
El trámite parlamentario
De acuerdo al cronograma establecido, la comisión retomará el debate luego de Semana Santa con reuniones presenciales el martes 19 y el miércoles 20. Luego de estos encuentros, los diputados debatirán el martes 26 y el miércoles 27 para intentar llegar a un dictamen unificado. Si para esa fecha se logra sacar uno o varios dictámenes, el o los proyectos podrían tratarse en el recinto durante la primera semana de mayo.
De esta forma, se llegará a cumplir con el plazo que la Cámara Baja se autoimpuso, días atrás, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.
Todos los bloques, en tanto, coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de su implementación.
Una de las cuestiones más objetadas, tal como precisó la agencia Télam, pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.
La intención del oficialismo es avanzar en el debate y llegar a un dictamen de consenso para llevarlo al recinto de la Cámara baja el mes próximo.
“Al observar el comportamiento de los precios de los alquileres, se evidencia un incremento del precio en términos reales a partir de la sanción de la ley de alquileres vigente y luego de dos años de caída”, también señala el proyecto desarrollado por Frigerio.
“Es importante resaltar que el 34,6% de las viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde a viviendas en alquiler. Ello muestra la importancia que reviste la situación de falta de oferta de propiedades para alquilar que, a su vez, genera un problema para el Estado, toda vez que la oferta de propiedades en alquiler es 99% proporcionada por el sector privado y que, de no resolverse la vivienda para las personas, es el Estado quien debe asegurar la vivienda con otras herramientas”, concluye el proyecto en sus fundamentos.
