El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral (Nº 27.802), tras la aprobación de la reforma en el Congreso durante el cierre del período de sesiones extraordinarias. La medida fue oficializada mediante el Decreto 137/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.
La normativa, que cuenta con 25 capítulos, introduce una serie de cambios en distintos aspectos del sistema laboral argentino. Entre los puntos centrales se destacan modificaciones en indemnizaciones por despido, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos colectivos y funcionamiento de los sindicatos, además de la implementación de incentivos para promover la formalización del empleo.
Uno de los cambios más relevantes está vinculado al nuevo esquema de indemnizaciones, que fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio mensual del convenio colectivo de la actividad y establece un piso mínimo del 67% de la remuneración habitual. Además, se excluyen del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y se habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones judiciales: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes.
La ley también introduce el concepto de “salario dinámico”, que permitirá vincular la remuneración al rendimiento o mérito individual según lo establezcan los convenios colectivos. En paralelo, se habilita la extensión de la jornada laboral diaria hasta 12 horas bajo esquemas flexibles, siempre que exista acuerdo voluntario y se respete un descanso mínimo de 12 horas entre turnos. Asimismo, se mantiene la obligatoriedad de otorgar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque ahora podrán fraccionarse por acuerdo entre empleador y trabajador.
Por último, la reforma incorpora programas para incentivar el empleo registrado y atraer inversiones. Se prevé un mecanismo de blanqueo laboral con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes y sanciones, además de un régimen que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones. También se establecen beneficios fiscales para inversiones medianas destinadas a proyectos productivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
