La crisis sanitaria por la administración de fentanilo contaminado suma 38 víctimas fatales y al menos 37 afectados más, de los cuales 22 contrajeron infecciones confirmadas y 15 permanecen como casos sospechosos. La investigación judicial, que avanza desde hace un mes, apunta principalmente a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo como responsables de la elaboración del medicamento. Si bien aún no se han determinado responsabilidades individuales, los peritajes forenses coinciden en que la contaminación del fármaco ocurrió durante su fabricación, y no en los centros de salud donde fue administrado.
El hallazgo fue confirmado por un informe del Instituto Malbrán, que detectó la presencia de tres tipos de bacterias en distintas muestras del opiáceo. Las alertas previas de la ANMAT, que advertían sobre fallas en la trazabilidad y malas prácticas de manufactura en ambos laboratorios, no lograron frenar la circulación del producto. Ante el incumplimiento por parte de HLB en desmantelar la cadena de distribución, el organismo presentó una denuncia y la Justicia avanza con procedimientos para rastrear y retirar los lotes restantes.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la causa es establecer la magnitud real del daño, debido a la falta de colaboración por parte de los laboratorios y la reticencia de algunas provincias a confirmar los fallecimientos. Santa Fe, donde se habrían producido la mayor cantidad de muertes, aún mantiene bajo evaluación varias de ellas. Mientras tanto, la Justicia intenta reconstruir la ruta del medicamento con apoyo de droguerías, fuerzas de seguridad y centros de salud, que actúan como intermediarios en el retiro del fármaco contaminado.
La línea investigativa también se centra en determinar si hubo negligencia o dolo por parte de los laboratorios. El empresario Ariel García Furfaro, señalado como referente de HLB, negó su vinculación actual con la empresa, mientras que Jorge Salinas, a cargo de Ramallo, acumula antecedentes por deficiencias en la gestión de plantas farmacéuticas. Una exempleada de Ramallo describió serias irregularidades en los procedimientos y condiciones laborales. A medida que se suman estos indicios, crece la presión por establecer responsabilidades penales en un caso que ya es considerado uno de los escándalos sanitarios más graves de los últimos años en el país.
