Argentina deberá modificar leyes para concretar el pacto con EE.UU.

Argentina deberá modificar leyes para concretar el pacto con EE.UU.
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Luego de meses de gestiones, viajes y negociaciones, el presidente Javier Milei logró avanzar en un marco de acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, aunque su implementación dependerá de que el país adapte diversas leyes y normativas vigentes. Si bien ya se anunciaron los lineamientos generales, el texto final aún está en elaboración y podría firmarse recién entre diciembre y el primer trimestre de 2026. El canciller Pablo Quirno, junto a funcionarios de Economía y de Desregulación, cerró en Washington los aspectos centrales del tratado.

El Gobierno anticipó que varias normas deberán modificarse para cumplir con lo acordado, aunque por ahora estos cambios no ingresarían al temario de sesiones extraordinarias, que estará centrado en las reformas laboral y tributaria, el nuevo Código Penal y la ley de glaciares. Desde el Ministerio de Desregulación confían en avanzar por decreto en la eliminación de barreras burocráticas, como las formalidades consulares y la reducción progresiva del impuesto estadístico aplicado a las importaciones estadounidenses.

Otro eje central será la adecuación a estándares internacionales, lo que permitirá que productos aprobados por organismos como la FDA —en el caso de medicamentos— o que cumplan normas de seguridad norteamericanas —en el caso de vehículos— ingresen a la Argentina sin ser sometidos a nuevos controles locales. Además, el país se comprometió a reforzar la lucha contra la falsificación y a modernizar el régimen de propiedad intelectual, un punto crítico señalado por Estados Unidos en el informe “Special 301”.

Por último, el convenio incluye compromisos vinculados a derechos laborales y al comercio digital; entre ellos, prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que requerirá aval del Congreso. También se reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencias de datos personales y se aceptarán firmas electrónicas bajo sus normas. El acuerdo marca un paso estratégico para el Gobierno, pero su aplicación dependerá de un complejo proceso legislativo y regulatorio que comenzará en los próximos meses.

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