El jueves 3 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Brasil (STF) obtuvo el aval de la Justicia Federal de la Argentina para extraditar a cinco ciudadanos brasileños condenados por su participación en el asalto a los edificios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Brasil en 2023. Los acusados — Joelton Gusmao de Oliveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza — habían ingresado a Argentina luego de las condenas que recibieron en su país y habían solicitado asilo.
La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, tras un juicio en el que evaluó los pedidos de refugio y la orden de captura internacional. Con su fallo, queda suspendida la posibilidad de que los condenados obtengan estatus de refugiados y se allana el camino para su repatriación a Brasil.
Este episodio marca un giro respecto a la situación del 2024, cuando se había ordenado la detención preventiva de decenas de brasileños que podrían ser buscados por la justicia de su país. En ese momento, algunos de ellos habían pedido asilo político y las autoridades argentinas — encabezadas por la ministra Patricia Bullrich — aseguraron no tener confirmación concreta de que todos hubieran ingresado.
El impulso a la extradición se sustenta en el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, vigente desde 2024. De concretarse la repatriación de estos cinco condenados, Argentina enviará una señal clara de colaboración judicial internacional con Brasil, lo que podría presionar a otros prófugos para presentarse ante la Justicia o buscar refugio en terceros países.
