La discusión por la carga impositiva sobre el sector comercial volvió a instalarse en la capital jujeña luego de que se cuestionara la posible renovación de una concesión municipal vinculada al cobro de un canon de publicidad y propaganda. El planteo surgió desde sectores opositores, que advirtieron sobre el impacto que esta medida tendría en comerciantes y proveedores en un contexto económico complejo.
Según trascendió, el municipio capitalino analiza extender por tres años más el vínculo con una empresa privada encargada de detectar y gestionar publicidad instalada dentro de los comercios, como carteles, pantallas o material promocional de distintas marcas. La situación generó críticas debido a que los costos derivados de esos reclamos terminarían repercutiendo de manera indirecta en los negocios locales.
Desde distintos sectores señalaron que, en muchos casos, las empresas proveedoras absorben inicialmente el pago del canon, pero luego trasladan ese gasto a los comerciantes mediante descuentos, aumentos o menores beneficios comerciales. Esto podría impactar finalmente en el precio de los productos y servicios ofrecidos a los consumidores.
La polémica también abrió interrogantes sobre el funcionamiento de la concesión y el rol del municipio en este tipo de controles. Entre los cuestionamientos aparecen pedidos de mayor transparencia respecto a las condiciones del contrato, la recaudación obtenida y la necesidad de delegar estas tareas a una firma privada. El debate continuará en el ámbito del Concejo Deliberante, donde se analizará la posible prórroga de la concesión hasta 2029.
