Este martes 2 de septiembre de 2025, el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro entra en su etapa final, con la deliberación y emisión de sentencia programadas entre hoy y el próximo 12 de septiembre. La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal lleva adelante cinco sesiones públicas, un momento histórico en el que un expresidente y altos militares enfrentan por primera vez cargos por intento de golpe de Estado en Brasil.
Bolsonaro y otros siete acusados —incluidos exfuncionarios militares— están imputados por delitos graves como intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, conspiración golpista y deterioro de bienes públicos. La Fiscalía incluso señala, como parte del complot, planes de asesinato dirigidos al presidente Lula, al vicepresidente, y al juez Alexandre de Moraes. La suma máxima de penas podría alcanzar los 40 o más años de prisión.
El proceso ha generado tensión internacional. El expresidente estadounidense Donald Trump lo calificó de “caza de brujas” y ejerció presión a través de sanciones, incluyendo aranceles del 50 % sobre productos brasileños y sanciones individuales contra magistrados como Alexandre de Moraes. Su intervención intensifica el perfil político del juicio y ha sido condenada por parte de autoridades brasileñas como una agresión a la soberanía judicial
El caso es considerado un precedente crucial para la institucionalidad brasileña y latinoamericana. Analistas destacan que este proceso marca una ruptura con tradiciones de impunidad en casos de asonada, subrayando el papel del sistema judicial como garante del Estado democrático. Bolsonaro continúa bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2030. Mientras tanto, su defensa niega los cargos y habla de motivaciones políticas detrás del proceso
