El proyecto de ley para declarar la educación pública como «servicio estratégico esencial» avanza en la Cámara de Diputados. Con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y otros bloques opositores, el proyecto ya obtuvo dictamen en la Comisión de Educación y está listo para ser debatido en el recinto.
La iniciativa, impulsada por Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, establece un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro, lo que ha generado críticas de los gremios y bloques de oposición. Estos denuncian que la medida busca restringir el derecho a huelga y consideran que tiene una visión reduccionista de la escuela, viéndola solo como una «guardería».
El proyecto propone que durante los días de huelga se asegure al menos un 30% del personal docente y no docente para medidas de uno o dos días, y un 50% para paros de más de tres días. Esto sería implementado a través de un «Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias», que cada escuela debe planificar antes del inicio del ciclo lectivo.
A diferencia de una propuesta anterior del oficialismo que incluía la educación en la Ley de Régimen Laboral como servicio esencial, el nuevo proyecto solo lo hace dentro de la Ley de Educación Nacional. Este cambio significa que la educación no será considerada un servicio esencial según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no la clasifica así porque su interrupción no pone en riesgo la vida, la salud ni la seguridad.
El proyecto ha recibido apoyo de varios diputados de distintos bloques, lo que sugiere que podría tener un buen futuro en el recinto. Sin embargo, los diputados de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda (FIT) se opusieron firmemente, argumentando que la medida limita el derecho constitucional a huelga y reduce la educación a una simple prestación de servicios.
El sindicato docente Ctera emitió un comunicado calificando la propuesta de «aberración» y criticando la idea de «guardias mínimas», señalando que esta visión reduce la escuela a una «guardería» y no reconoce su rol en procesos complejos de enseñanza y aprendizaje.
El debate en el recinto se espera para después del tratamiento de la Ley Bases, cuando se retomarán las sesiones de la cámara baja.
