En el marco de la semana de Ni Una Menos y con un preocupante incremento en las cifras de femicidios, el Gobierno ha decidido disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Esta subsecretaría, que había quedado como el remanente del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, era responsable de implementar políticas integrales para la prevención y asistencia a víctimas y familiares de violencia de género.
Hace dos semanas, la Subsecretaría fue transferida de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde algunas de sus funciones serían absorbidas. Sin embargo, este jueves se conoció la renuncia de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero. Barcia presentó su dimisión tras ser informada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que la Subsecretaría dejaría de existir. La renuncia fue presentada luego de recibir la notificación vía WhatsApp a las 19:57 del miércoles.
La desaparición de la Subsecretaría ha sido confirmada por el Ministerio de Justicia, lo que ha provocado la reacción de diversas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y diversidades, denunciando la gravedad de la medida. Según la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada en 2009, el Gobierno está obligado a mantener un área específica para combatir la violencia de género.
Claudia Barcia, quien evitó hacer declaraciones públicas durante su gestión, no asistió a su oficina el jueves ni se despidió de las trabajadoras. Frente a esta situación, las 650 trabajadoras que quedan en el área están en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro laboral. Algunas podrían ser trasladadas a la Secretaría de Derechos Humanos o a la de Justicia, pero se teme que hasta el 80% de la plantilla podría ser despedida, conforme al nuevo recorte de empleados públicos anunciado por el presidente Javier Milei.
En seis meses de gestión, el Gobierno de Milei ha desfinanciado y desarticulado las políticas de prevención y asistencia a mujeres y diversidades en situación de violencia. Según un relevamiento de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Subsecretaría ya era un 62% más bajo que el de 2023.
