Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena en su contra, Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará la causa Vialidad a instancias internacionales. Su abogado, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde sostuvo que la ex presidenta es víctima de una “persecución política, judicial y mediática”. Según el escrito, se habrían cometido delitos de lesa humanidad por parte del Estado argentino en el marco de manifestaciones recientes.
Dalbón presentó un documento de 21 páginas ante la Oficina del Fiscal de la CPI, donde denunció torturas, privaciones ilegales de la libertad y persecución política durante protestas protagonizadas principalmente por jubilados. Además, amplió la denuncia para incluir el avance judicial contra Fernández de Kirchner, que considera parte de un esquema coordinado para impedir su participación política.
La defensa también evalúa una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Desde el fallo de la Corte Suprema, corre un plazo de seis meses para solicitar la intervención del organismo, que deberá determinar si acepta el caso. En ese marco, la CIDH podría emitir recomendaciones al Estado argentino o, eventualmente, remitir el expediente a la Corte Interamericana.
El equipo jurídico de la ex mandataria considera que hay una amenaza creíble de detención arbitraria, que forma parte de un patrón de neutralización política. Además de recurrir a los tribunales supranacionales, se anticipa una estrategia diplomática con apoyo de líderes internacionales y la posible intervención de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
