El Gobierno de Javier Milei ha aceptado varios cambios importantes en la Ley Bases durante las negociaciones en el Senado. Uno de los cambios más significativos es la decisión de mantener la moratoria previsional, que permite que las personas que no han completado los 30 años de aportes necesarios para jubilarse puedan seguir accediendo a beneficios jubilatorios. El texto del Senado no incluyó el capítulo que eliminaba la moratoria, dejando vigente el beneficio jubilatorio tal como rige desde el gobierno de Alberto Fernández. Los cambios propuestos afectaban especialmente a las mujeres, ya que solo el 10% logra completar los 30 años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria.
En cuanto a las empresas estatales, el gobierno retiró de la lista de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). La privatización de estas empresas generaba rechazo en algunos sectores, lo que ponía en riesgo la aprobación del proyecto en el Senado. El texto original proponía la privatización total o parcial de varias empresas, pero estos cambios fueron necesarios para obtener el apoyo de la oposición dialoguista del PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR.
Además, se realizaron modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ahora, este régimen se enfocará en sectores específicos como la forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. También se establecieron nuevos incentivos para proveedores locales, que deberán representar al menos el 20% de la inversión total, siempre que la oferta esté disponible y sea competitiva. Se ajustaron también los requisitos para la liquidación de divisas generadas por exportaciones, limitando esta obligación a un porcentaje que aumentará progresivamente a lo largo de cuatro años.
Por otro lado, el paquete fiscal también sufrió algunas modificaciones. Se destacaron cinco grandes cambios sobre el blanqueo de capitales, como la prohibición de blanquear criptomonedas en el exterior y la restricción para que los inmuebles a nombre de sociedades solo se puedan blanquear si estaban declarados por la sociedad. Además, se extendió de 5 a 10 años la prohibición para que los funcionarios adhieran al blanqueo y se incluyeron nuevas herramientas para las provincias y las inversiones productivas.
Finalmente, los senadores rechazaron todas las modificaciones al impuesto de bienes personales que incluían una suba en las alícuotas para quienes ingresen al blanqueo. También se rechazaron los cambios al Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para los trabajadores en relación de dependencia, lo que mantiene vigente el esquema actual que exime del impuesto a 800.000 asalariados.
