La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa avanzando con nuevas medidas impulsadas por la fiscalía federal. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información bancaria, registros de seguros y movimientos financieros vinculados tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La pesquisa busca determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial registrado desde su llegada al Gobierno nacional.
En las últimas semanas, distintos informes periodísticos señalaron que el patrimonio atribuido a Adorni, entre gastos, propiedades y deudas, superaría los 800 mil dólares. Parte de las sospechas se concentran en la compra y remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde un contratista aseguró haber recibido pagos en efectivo por unos 245 mil dólares para realizar obras de refacción.
La Justicia también analiza operaciones financieras y consumos realizados desde marzo de 2024, apenas tres meses después de que Adorni asumiera funciones en la administración nacional. Según la documentación incorporada al expediente, los investigadores intentan reconstruir el origen de fondos utilizados para viajes, adquisición de inmuebles y otros gastos que, de acuerdo con las denuncias, no coincidirían con los ingresos oficiales del funcionario.
Por su parte, Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Gobierno. El funcionario afirmó que tiene “todos los papeles en regla” y aseguró que colaborará con la investigación judicial. Mientras tanto, la causa continúa sumando pruebas y testimonios en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la fiscalía busca establecer si existió un incremento patrimonial injustificado.
