Distintas entidades vinculadas con la industria editorial expresaron su rechazo al anteproyecto impulsado por el Gobierno nacional para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio uniforme para cada edición de un libro. La iniciativa todavía se encuentra bajo análisis del Poder Ejecutivo y no fue tratada por el Congreso.
La Cámara Argentina del Libro, la Fundación El Libro y organizaciones de librerías independientes advirtieron que la eliminación del precio único podría favorecer a grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales, capaces de aplicar descuentos que los comercios pequeños no podrían sostener. Según las entidades, esta situación aumentaría la concentración del mercado y pondría en riesgo la continuidad de librerías y editoriales pymes.
La normativa vigente determina que el precio sea fijado por la editorial o el importador y respetado por todos los puntos de venta. De esta manera, una misma edición cuesta lo mismo tanto en una gran cadena como en una librería de barrio, lo que permite que la competencia se concentre en la atención, la variedad del catálogo y las actividades culturales, y no exclusivamente en los descuentos.
Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que la modificación permitiría una mayor competencia, promociones y precios más accesibles para los lectores. El sector editorial, en cambio, señala que las rebajas podrían concentrarse inicialmente en los títulos más vendidos, mientras que los libros especializados o de menor circulación podrían encarecerse o perder espacio en el mercado.
Las cámaras del sector comenzaron a comunicarse con diputados y senadores de distintos bloques para intentar frenar el proyecto. También defendieron la ley como una herramienta que no representa un gasto para el Estado y que contribuye a sostener la bibliodiversidad, el acceso federal a la lectura y la supervivencia de las librerías independientes en todo el país.
