La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves un fallo que declara inconstitucional la pena de prisión perpetua en Argentina, al considerar que vulnera derechos fundamentales al excluir la posibilidad de libertad condicional para condenados por ciertos delitos. Esta decisión fue respaldada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, mientras que Ricardo Lorenzetti no firmó el fallo. La resolución se basa en el concepto de “derecho a la esperanza”, que defiende la posibilidad de rehabilitación para los condenados.
El caso que llevó a este pronunciamiento involucra a Sebastián Alejandro Guerra, condenado por el asesinato de la cabo de la Policía Federal María Luján Campilongo y el intento de homicidio de su pareja. En 2014, Guerra recibió una pena de prisión perpetua por múltiples delitos graves, incluyendo homicidio y robo con arma. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, que impedía la concesión de libertad condicional en casos de prisión perpetua.
La Fiscalía presentó un recurso extraordinario federal, alegando que la discusión sobre la constitucionalidad de la pena debía darse cuando el condenado estuviera en condiciones de solicitar la libertad condicional. Sin embargo, la Corte rechazó este recurso, afirmando que la Fiscalía no fundamentó adecuadamente su apelación ni rebatió los argumentos de la Cámara. Además, destacó que la validez constitucional de la prisión perpetua no estaba en discusión, sino la posibilidad de revisión de la pena en función de tratados internacionales de derechos humanos.
El fallo establece que las penas perpetuas deben ser revisables para garantizar el mandato resocializador, la proporcionalidad de las penas y la prohibición de castigos crueles o inhumanos. Según la Corte, las normas penales deben detallar con claridad las condiciones y plazos que permitan al condenado saber qué acciones son necesarias para acceder a la libertad condicional, respetando el principio de legalidad y certeza.
Esta decisión representa un cambio significativo en el sistema penal argentino, permitiendo que las penas perpetuas puedan incluir la posibilidad de revisión y rehabilitación. Si bien este fallo se centra en el caso de Guerra, su impacto podría extenderse a otros condenados en situaciones similares, abriendo un debate sobre el equilibrio entre justicia y derechos humanos en el país.
