En cumplimiento de su compromiso electoral de reducir los cargos políticos en la planta de empleados públicos del Estado, el Gobierno ha puesto en marcha un plan que ya ha provocado 320 despidos en distintas oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES). Fuentes oficiales informan que este número podría aumentar significativamente en los próximos días y semanas.
El decreto presidencial, emitido a fines de diciembre pasado, alcanzó a toda la administración pública, generando despidos también en el CONICET. Los gremios estatales han expresado su preocupación, cuestionando la legalidad de la medida y exigiendo su reversión. Sin embargo, algunas fuentes gremiales reconocen las diferencias respecto a recortes anteriores, admitiendo que hay despidos más justificados que en épocas pasadas.
Según un funcionario del Gobierno, la mayoría de los despidos se enfocan en jefes de Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses, ubicados en puestos jerárquicos por la gestión anterior. Se argumenta que muchos de estos funcionarios ingresaron a la planta estatal en puestos de base para luego ascender rápidamente a jefaturas, a veces mediante concursos falsos o ascensos sin concursar justo antes del cambio de gobierno.
El actual titular de la Anses, Osvaldo Giordano, ha destacado que se busca identificar ingresos de empleados basados en criterios políticos en toda la esfera pública. Según la Casa Rosada, empleados de las mismas seccionales han proporcionado información sobre nombramientos o ascensos irregulares.
El Gobierno asegura que el movimiento de ingresos entre 2020 y 2023 en ANSES demostró el origen político de los puestos y busca poner un freno a la influencia de La Cámpora, señalándola como responsable de colocar a sus militantes en diversos organismos y dependencias, especialmente en la ANSES y el PAMI.
Los despidos, que se espera que continúen en otras áreas, buscan reducir la planta del Estado, pero también según el Gobierno, poner fin a prácticas de ingresos políticos. Se destaca que estas medidas se llevan a cabo dentro de los marcos legales previstos en el contrato de trabajo de la institución, y se espera que no se reemplace a los puestos eliminados.
El proceso de revisión de contratos, iniciado con la caída de casi 7000 contratos firmados a partir de enero de 2023, está en curso, lo que sugiere que podrían haber más despidos en el futuro cercano.
