A dos días de la entrada en vigencia de la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), el bloque de diputados Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa considera que la norma es «directamente inconstitucional» y excede las facultades delegadas por el Congreso en la recientemente sancionada ley Bases.
Según argumentaron desde la oposición, el Poder Ejecutivo no está habilitado para dictar normas generales que restrinjan derechos, sino únicamente para reorganizar órganos de la administración central. Además, señalaron que la reforma vulnera derechos constitucionales al otorgar a la PFA potestades de inteligencia criminal sobre datos privados y redes sociales, lo cual contradice el artículo 19 de la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales.
El proyecto también advierte sobre la ambigüedad en los conceptos utilizados por el decreto, como “amenaza a la seguridad del Estado” o “alteración del orden público”. Esta falta de precisión, aseguran, abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían habilitar el espionaje político, la persecución de opositores y la criminalización de la protesta social.
La reforma, oficializada mediante el Decreto 383/2025, transforma a la PFA en una fuerza de perfil investigativo, al estilo del FBI, dividida en dos grandes departamentos. Además de permitirle actuar por requerimiento judicial, ahora también podrá hacerlo a pedido directo del Ministerio de Seguridad, lo que amplía considerablemente sus márgenes de acción y genera preocupación por un posible uso político del aparato de seguridad estatal.
