El reciente decreto del gobierno de Javier Milei que elimina el fondo fiduciario Progresar ha generado una fuerte reacción entre la comunidad educativa y diversos sectores sociales. La medida, que afecta directamente a miles de estudiantes de bajos recursos, parece responder a la creciente tensión entre el gobierno y las universidades públicas, que han sido epicentro de movilizaciones en defensa de la educación. Al dejar sin financiamiento a las becas, el gobierno desarticula un sistema que permitía a muchos jóvenes continuar sus estudios, afectando su derecho a la educación y las posibilidades de mejorar su situación económica.
Este desfinanciamiento se produce en un momento crítico, con facultades tomadas y gremios universitarios rechazando las propuestas salariales del Ministerio de Educación. La decisión, que se basa en la facultad que otorga la Ley Bases al Poder Ejecutivo, argumenta que el fondo fiduciario Progresar no era funcional. Sin embargo, este sistema ha sido vital desde su creación en 2014, permitiendo que miles de estudiantes de nivel secundario y universitario, en su mayoría de sectores vulnerables, completaran sus estudios y aspiraran a un futuro profesional.
Además del desfinanciamiento del sistema de becas, el decreto también elimina el Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) y el Fondo Nacional de Emergencias. Estos fondos, que sostenían actividades de conservación y protección ambiental, ahora quedan desarticulados bajo el argumento de una supuesta falta de transparencia en sus rendiciones de cuentas. Sin embargo, este recorte deja expuestos vastos sectores de bosques nativos que dependían de estos recursos para su preservación, un retroceso significativo en la protección ambiental.
Las consecuencias de estas decisiones van más allá de lo inmediato. Eliminar el acceso a becas y desfinanciar proyectos ambientales fundamentales limita las oportunidades de ascenso social y atenta contra la sostenibilidad del medio ambiente. El gobierno, en lugar de reforzar los derechos educativos y la protección de los recursos naturales, parece priorizar el ajuste presupuestario en detrimento de los sectores más vulnerables del país.
