El Congreso de la Nación concluyó el año legislativo con un nivel de actividad reducido, considerado el más bajo de los últimos diez años. Durante 2025 se realizaron 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, y se sancionaron solo 11 leyes. El período estuvo además marcado por 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y el rechazo de 5 decretos de necesidad y urgencia (DNU), en un contexto de permanente tensión política.
La elevada cantidad de sesiones especiales y el uso intensivo de los emplazamientos reflejaron la dificultad de las fuerzas políticas para consensuar una agenda común. La oposición recurrió con mayor frecuencia a estas herramientas para forzar el tratamiento de iniciativas, frente a un oficialismo que evitó habilitar debates amplios, lo que profundizó la parálisis legislativa.
En cuanto a la producción normativa, ninguna ley impulsada por el oficialismo logró ser aprobada. De las 11 normas sancionadas, tres correspondieron a acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior, mientras que las ocho restantes fueron promovidas por la oposición, entre ellas leyes vinculadas a emergencias sociales, jubilaciones, salud, educación y financiamiento. A esto se sumó el veto presidencial a siete de esas leyes, aunque el Congreso logró insistir en tres casos.
Tras las elecciones de octubre, el escenario legislativo muestra una nueva correlación de fuerzas, aunque sin mayorías propias en ninguna de las cámaras. El oficialismo incrementó su representación tanto en Diputados como en el Senado, pero la gobernabilidad seguirá dependiendo de la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos con otros bloques y fuerzas provinciales, con el objetivo de dejar atrás un año legislativo signado por la baja actividad.
