El Gobierno nacional, mediante el Decreto 475/2025, ha oficializado una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de la defensa legal del Estado. La medida más resonante es la eliminación de la tradicional Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por el recién creado Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). Esta decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca una mayor integración y eficiencia en las funciones de formación y selección del personal jurídico estatal.
La reestructuración se produce poco después de que la Procuración iniciara una investigación por supuestas «filtraciones» internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF, lo que sugiere un contexto de búsqueda de mayor control y transparencia. Además de la creación del CEFAP, la nueva normativa establece una dirección nacional dedicada exclusivamente a sumarios, investigaciones administrativas y auditorías, centralizando tareas que antes se encontraban dispersas. También se fortalecen áreas clave como la Dirección Nacional de Dictámenes, la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales y la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, cada una con responsabilidades bien definidas en la estrategia legal del Estado.
El flamante CEFAP tendrá un rol central en el diseño e implementación de actividades de formación, la certificación de competencias técnicas y la elaboración de perfiles para cubrir cargos dentro del cuerpo jurídico estatal. Estará facultado para intervenir en los procesos de selección de personal, organizar eventos académicos y realizar exámenes periódicos para evaluar el desempeño de los abogados. Presidido por el Procurador del Tesoro, este centro contará con la participación de representantes de los ministerios de Justicia y Economía, así como de la Secretaría de Transformación del Estado, buscando una visión más coordinada en la gestión de los profesionales del derecho público.
El decreto también instruye a la Procuración del Tesoro a realizar una revisión exhaustiva de los recursos materiales que estaban asignados a las estructuras eliminadas, con el fin de optimizar su reasignación. Se aclaró que los programas de formación en curso mantendrán su vigencia hasta su finalización bajo la supervisión del CEFAP. Las autoridades han asegurado que la implementación de este nuevo esquema no demandará fondos adicionales, financiándose con los créditos ya asignados al Ministerio de Justicia, lo que subraya el enfoque en la eficiencia y la optimización de recursos en esta significativa reforma legal del Estado.
