El Gobierno nacional avanza en su agenda legislativa de 2026 con la intención de modificar la Ley de Salud Mental N° 26.657, una normativa vigente desde 2010 que regula el abordaje de los padecimientos mentales en Argentina. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a introducir cambios en puntos considerados “críticos” por el oficialismo, especialmente luego de que un intento previo quedara fuera del tratamiento de la Ley Bases.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la posibilidad de flexibilizar las internaciones involuntarias, habilitando que en determinados casos puedan ser autorizadas por la Justicia. Actualmente, la ley establece fuertes restricciones y prioriza el consentimiento del paciente, con intervención judicial solo en situaciones extremas. La reforma busca dar mayor margen de acción ante cuadros graves, en respuesta a reclamos de familiares, profesionales y fuerzas de seguridad.
Además de la intervención judicial, el Ejecutivo analiza crear centros especializados para pacientes con patologías severas y revisar el esquema de atención vigente, basado en un modelo comunitario. También se discute la posibilidad de modificar aspectos que hoy limitan la institucionalización prolongada, lo que reabre el debate sobre el rol de los hospitales psiquiátricos en el país.
La propuesta genera controversia entre distintos sectores. Mientras el Gobierno sostiene que busca “reordenar” el sistema y dar respuestas a situaciones críticas, organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten que algunos cambios podrían significar un retroceso respecto al paradigma actual, centrado en la inclusión y la atención comunitaria. En ese contexto, el proyecto promete abrir un intenso debate en el Congreso durante las sesiones ordinarias de este año.
