El Gobierno nacional oficializó la extensión de la emergencia en el Servicio Penitenciario Federal por otros dos años, en medio de un escenario marcado por la sobrepoblación carcelaria y la falta de infraestructura en las cárceles del país. La medida fue establecida a través de la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad y mantendrá vigente el régimen excepcional hasta 2028.
Según los datos difundidos por el Ejecutivo, el sistema penitenciario federal actualmente aloja a 12.248 internos, pese a contar con una capacidad operativa máxima de 10.932 plazas, lo que implica un funcionamiento por encima del 106% de ocupación. Además, más de 5.000 detenidos continúan esperando un cupo para ser trasladados a establecimientos federales.
El informe oficial también advierte que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 personas privadas de la libertad al sistema federal, situación que incrementó la presión sobre las unidades penitenciarias. Del total de los alojados, el 61,83% corresponde a condenados y el 38,17% a procesados que aún esperan resolución judicial.
Frente a este panorama, el Gobierno sostuvo que continuará avanzando con obras de infraestructura y programas alternativos de control, como el sistema de vigilancia electrónica para arrestos domiciliarios. Entre las iniciativas mencionadas figuran la ampliación de plazas penitenciarias, la habilitación de nuevas unidades y la continuidad de la construcción del complejo federal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.
