El decreto que perdería vigencia establecía un régimen especial para los aportes y contribuciones de los clubes, así como para la AFA, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y las empresas que pagan los derechos de televisación. Esto permitiría a la AFIP actuar como agente de retención, percepción o autorretención en distintos casos. La derogación de este beneficio aumentaría los costos de los clubes, afectando sus finanzas en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol.
El conflicto entre la AFA y el Gobierno se intensificó luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) declarara “irregular” e “ineficaz” la asamblea de la AFA en la que Claudio Tapia fue reelecto por unanimidad. La reelección, realizada en Ezeiza, fue cuestionada por su legalidad, y el representante del club Talleres abandonó la asamblea tras expresar su disconformidad con el balance presentado.
El presidente Javier Milei criticó duramente a la AFA y su dirigencia en una entrevista con TN. Consideró que los «manejos turbios» en el organismo perjudican la calidad de la liga local y comparó el adelantamiento de las elecciones de Tapia con medidas autoritarias. También sostuvo que debería permitirse a los clubes adoptar diferentes modelos societarios sin ser perseguidos por la AFA, afirmando que su gobierno investigará posibles irregularidades en la entidad.
