El Gobierno nacional oficializó el salario mínimo docente en $500.000 a pesar del rechazo de los gremios del sector. A través de la Resolución 381/2025, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que este monto deberá aplicarse a las liquidaciones de haberes por horas trabajadas desde el 1° de febrero de este año. La medida fue aprobada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y abarca a los docentes con cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad.
El nuevo piso salarial había sido propuesto en la 139° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) realizada el 12 de febrero y, posteriormente, ratificado por su Comité Ejecutivo el 10 de marzo. No obstante, los sindicatos docentes rechazaron la oferta durante la Comisión Negociadora del Convenio, celebrada el 24 de febrero. A pesar de esto, el Gobierno sostuvo el monto fijado como referencia para la compensación salarial docente que reciben las provincias en el marco del programa previsto por la Ley N° 26.075.
Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron la decisión y señalaron que el establecimiento de un salario mínimo responde a la necesidad de garantizar un piso común para los docentes de las 24 jurisdicciones. Asimismo, aseguraron que la cartera liderada por Sandra Pettovello mantiene abiertas las instancias de diálogo para evitar la pérdida de días de clase. Sin embargo, los gremios sostienen que el monto es insuficiente y continúan con su reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional.
La última actualización del salario mínimo docente había sido en agosto de 2024, cuando se fijó en 420 mil pesos, aunque en esa oportunidad tampoco hubo acuerdo en paritarias. La eliminación del FONID derivó en una disputa judicial aún sin resolución, mientras que las autoridades nacionales recalcaron que la responsabilidad de garantizar los salarios docentes recae en cada provincia. En este contexto, el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos continúa abierto, con la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en el sector educativo.
