El gobierno de Nicolás Maduro implementó una reducción de la jornada laboral en la administración pública, limitándola a tres días por semana y 4,5 horas diarias, en respuesta a la crisis energética que afecta al país. La medida, que rige desde este lunes y se extenderá por seis semanas, busca paliar los efectos de la fuerte sequía que ha reducido los niveles de los embalses hidroeléctricos, principales generadores de electricidad en Venezuela. Con esta disposición, la carga horaria estatal quedará en apenas 13,5 horas semanales, un tercio de lo habitual.
El sector educativo no fue incluido en la disposición, aunque ya enfrenta serias dificultades debido a la falta de docentes, quienes han migrado al ámbito privado o al extranjero debido a los bajos salarios. Según estimaciones sindicales, cerca del 70% de los maestros han abandonado las aulas en los últimos años, lo que ha llevado a que muchas escuelas públicas operen con clases intermitentes y horarios reducidos.
A pesar de las inversiones anunciadas en el pasado, el sistema eléctrico venezolano sigue deteriorado, operando por debajo de su capacidad y con serios problemas en la transmisión de energía. Organizaciones como Provea advierten que el país está al borde de apagones masivos, lo que ha obligado a las autoridades a implementar nuevamente planes de racionamiento. La falta de mantenimiento e infraestructura ha agravado la crisis, en un contexto donde las restricciones eléctricas ya habían sido utilizadas en emergencias anteriores.
Además del colapso energético, Venezuela enfrenta nuevas sanciones internacionales que complican aún más su economía. Estados Unidos impuso recientemente un arancel del 25% a quienes comercien petróleo con el país, lo que afecta su principal fuente de ingresos. Economistas advierten que esta combinación de crisis energética y restricciones comerciales profundizará la recesión y dificultará la recuperación económica de la nación.
