El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta definir el financiamiento necesario. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la reglamentación de la ley se realizará una vez que se establezcan los recursos correspondientes, ya que el Congreso debe especificar de dónde provendrán los fondos para su ejecución.
La ley, que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, busca garantizar derechos fundamentales para más de 6 millones de personas con discapacidad en Argentina. Entre sus disposiciones, se incluyen medidas para asegurar el acceso a la educación, la salud, la rehabilitación, la protección social y el empleo. Además, establece criterios para la asignación de Pensiones No Contributivas por Discapacidad, beneficiando a quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, y no perciban planes similares.
El rechazo al veto presidencial en ambas cámaras del Congreso, con un respaldo contundente de la oposición y sectores aliados del oficialismo, consolidó la aprobación de la ley. El Senado revocó el veto con 63 votos afirmativos y 7 negativos, mientras que en Diputados la votación fue de 172 a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Esta decisión marca un precedente en la historia legislativa argentina, ya que no se anulaba un veto presidencial total desde 2003.
A pesar de la promulgación de la ley, el Gobierno ha señalado que su aplicación dependerá de la disponibilidad de recursos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la falta de especificación por parte del Congreso sobre el origen de los fondos, sugiriendo que se deben identificar claramente las partidas presupuestarias para evitar afectar otras áreas, como las jubilaciones. En este sentido, se espera que el debate sobre el financiamiento se aborde en el marco del proyecto de Presupuesto 2026, lo que podría demorar la implementación efectiva de la ley
