El presidente Javier Milei oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) un nuevo programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), evitando el debate en el Congreso. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un Programa de Facilidades Extendidas con un plazo de hasta diez años y un período de gracia de cuatro años y medio, pero omite detalles clave sobre los montos y las tasas de interés.
El decreto argumenta que esta decisión responde a una «exigencia imperiosa» para evitar consecuencias económicas negativas, al tiempo que resalta el supuesto éxito del rumbo económico del Gobierno. Esta contradicción ha generado críticas, ya que por un lado se celebra la política financiera de Milei y, por otro, se justifica la urgencia de recurrir a un nuevo endeudamiento.
Tampoco se especifica cómo se distribuirán los fondos del FMI. Según el DNU, el dinero se utilizará para cancelar deuda contraída en 2022 y para fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, no se aclara en qué plazos llegarán los desembolsos ni cuáles serán los intereses a pagar, dejando incertidumbre sobre el impacto financiero de la medida.
Otro punto controvertido es la decisión de evitar la aprobación parlamentaria. La Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública exige que los acuerdos con el FMI sean aprobados por el Congreso, pero el Gobierno sostiene que esta ley solo se refiere a la «operación de crédito público» y no a los términos específicos del acuerdo. De esta manera, eludieron el debate legislativo, limitándolo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Mientras el Ejecutivo justifica la urgencia del acuerdo, economistas y opositores advierten sobre la falta de transparencia y eludir instancias democráticas. En medio de un escenario económico delicado, la ausencia de detalles sobre los costos del endeudamiento genera dudas sobre las verdaderas consecuencias de esta nueva decisión gubernamental.
