El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación, con el objetivo de endurecer el régimen punitivo vigente y adaptar la legislación a nuevos tipos delictivos y modos de comisión. La iniciativa forma parte del plan legislativo que el Ejecutivo prevé debatir este año y se encuadra dentro de una agenda orientada a combatir la inseguridad y la criminalidad organizada.
Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto contempla un aumento general de las penas para delitos graves como homicidio, robo, narcotráfico, trata de personas y delitos sexuales contra menores, así como nuevas modalidades penales vinculadas al cibercrimen y al daño ambiental. Además, se prevé que una gran parte de los delitos quede sujeta a prisión efectiva, reduciendo mecanismos de excarcelación anticipada y moderación de condenas.
Una de las propuestas controvertidas de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad penal, que en el caso del sistema penal juvenil fue recientemente aprobada en la Cámara de Diputados para bajar de 16 a 14 años la responsabilidad penal, medida que ya fue turnada al Senado para su discusión definitiva. Esta modificación ha generado un intenso debate público y político debido a sus implicancias sobre justicia juvenil y políticas de prevención.
La iniciativa del Ejecutivo enfrenta tanto apoyos como críticas en el ámbito político y social. Funcionarios del Gobierno sostienen que las reformas devolverán “centralidad y derechos a la víctima” y darán herramientas más eficaces al sistema de justicia para combatir el delito, mientras que diversos sectores alertan sobre posibles riesgos de excesivo endurecimiento penal y cuestionan el enfoque en la edad de imputabilidad sin políticas de atención social y educativa.
