El Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para vetar las tres leyes aprobadas: el aumento jubilatorio, la moratoria y la emergencia en Discapacidad. Sin embargo, el debate jurídico gira en torno a si el veto implica aceptar la validez de las sesiones en ambas cámaras. Se especula con que en los fundamentos del veto se incluya una objeción legal a la sesión del jueves. Esta demora también responde a la necesidad del oficialismo de construir una estrategia sólida en Diputados, donde tiene más margen de maniobra.
Guillermo Francos y Lisandro Catalán encabezan los contactos con los gobernadores, mientras que Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem deben articular con los bloques en Diputados. Sin embargo, los enfrentamientos internos entre estos sectores podrían obstaculizar la coordinación política. “Vamos a tratar de sostener el veto, nos tenemos fe”, expresó una fuente cercana a Milei, aunque reconocen que será necesario negociar con actores que hasta ahora estuvieron en la vereda opuesta.
Si bien no hay convocatorias oficiales a los gobernadores, en la Casa Rosada esperan que el jueves, durante la inauguración de la Exposición Rural, surja una instancia de diálogo informal. La feria contará con 16 provincias como sponsor y asistirán los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Aunque Milei no tiene previsto asistir, sí podría participar algún funcionario clave, lo que sería interpretado como una señal de apertura.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja para mantener al menos 86 votos en Diputados y evitar que la oposición consiga los 172 necesarios para rechazar un veto presidencial. Algunos sectores oficialistas buscan negociar ausencias o abstenciones para evitar votaciones reñidas. Provincias como San Juan o Tucumán, pese a las tensiones, son vistas como potenciales aliadas para esta etapa.
