En respuesta al deterioro de la red vial y los desafíos que plantea su mantenimiento, el Gobierno anunció un decreto para avanzar con la privatización de rutas nacionales. El plan comenzará con el corredor vial 18, que abarca las rutas nacionales 12 y 14, además del puente Rosario-Victoria, actualmente administrado por Caminos del Río Uruguay (Crusa). El objetivo es reestructurar la gestión de estos tramos, clave para el tránsito del Mercosur, cuya concesión vencerá en abril de 2025.
El esquema planteado contempla concesiones autosustentables, sin subsidios ni cánones, con ajustes automáticos de tarifas trimestrales. Las empresas concesionarias estarán a cargo de garantizar condiciones de transitabilidad segura, incluyendo reparación de banquinas, señalización y mantenimiento general. Este modelo recuerda medidas adoptadas en los años 90, cuando se implementaron peajes a cambio de obras que en muchos casos no se completaron.
La red vial argentina ha sido objeto de críticas por su estado actual. Un informe del Ministerio de Obras Públicas de 2021 indicó que solo el 31% de las rutas nacionales se encuentran en buen estado, mientras que el 40% están clasificadas como en mal estado. Estudios recientes también ubican a Argentina entre los países con menor calidad vial, lo que refuerza la necesidad de nuevas estrategias para abordar este problema.
El proceso de privatización será supervisado por Vialidad Nacional, organismo responsable de llevar adelante esta reestructuración. El impacto de estas medidas será evaluado en los próximos meses, ya que el corredor 18 será el primero en someterse a este nuevo esquema, que busca equilibrar el financiamiento de las obras con las necesidades de los usuarios y las empresas involucradas.
