El INTA denunció la situación que atraviesa por las políticas nacionales

El INTA denunció la situación que atraviesa por las políticas nacionales
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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un período de incertidumbre tras un reciente decreto del Gobierno Nacional que reemplaza su tradicional sistema de cogobierno por una presidencia unipersonal con facultades centralizadas. Esta medida ha generado gran preocupación en la institución, ya que pone fin al Consejo Directivo, un órgano paritario que incluía representantes del sector agropecuario, universidades y el Poder Ejecutivo, y que, según expertos, garantizaba la concertación de políticas de ciencia y tecnología a largo plazo, independientemente de los gobiernos de turno.

Damián Alcoba, investigador del INTA IPAF NOA, advirtió sobre la «politización» del instituto, señalando que la designación de un presidente por decisión exclusiva del Poder Ejecutivo concentra todo el poder de decisión. La principal inquietud radica en el impacto que esta centralización podría tener sobre las agencias de extensión del INTA en todo el país. Estas agencias han sido históricamente el vínculo fundamental entre el conocimiento científico y las necesidades productivas de las distintas regiones.

Además, se ha anunciado un ajuste que, de concretarse, afectaría a estas agencias, poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo y la conexión directa con los productores desde Ushuaia hasta La Quiaca. En Jujuy, por ejemplo, el INTA ha jugado un rol crucial en el desarrollo de producciones como palta, mango, quinoa, maíces andinos, y en sectores como la ganadería caprina, ovina y el manejo sustentable de vicuñas. La institución también ha brindado acompañamiento esencial en la tradición del queso de cabra, aportando tecnología, asistencia técnica y mejoramiento genético, un entramado que, según Alcoba, «hoy está en peligro».

Ante este panorama, se están llevando a cabo jornadas de visibilización para destacar el valor del trabajo del INTA. El decreto presidencial, al desplazar una estructura participativa y federal por un modelo más vertical, marca un giro significativo en la política agropecuaria nacional, generando incertidumbre sobre el futuro de la investigación y extensión agraria en Argentina.

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