En una movida controvertida, un grupo de diputados pertenecientes a La Libertad Avanza ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual fue aprobada en diciembre de 2020. Esta acción surge como respuesta al fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.
El proyecto, identificado con el número de trámite parlamentario 233, fue ingresado al sistema de entradas de la Cámara de Diputados el pasado lunes, aunque su divulgación se produjo en la noche de este miércoles.
La iniciativa, liderada por la diputada Rocío Bonacci, junto al respaldo del jefe de la bancada libertaria Oscar Zago, la diputada Lilia Lemoine, y sus colegas Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar, busca no solo derogar la ley de aborto legal, sino también revertir disposiciones previas que permitían la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la salud de la mujer o en situaciones de violación.
El proyecto propuesto pretende restringir considerablemente el acceso al aborto, limitándolo solo a casos extremos de riesgo de vida para la gestante. Esto contrasta con la legislación actual que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, sin requerimientos adicionales.
Entre los argumentos esgrimidos por los promotores de esta iniciativa se encuentra la consideración de que la ley vigente utiliza un «eufemismo» al denominar el acto como «Interrupción Voluntaria del Embarazo», mientras que en realidad, según su perspectiva, se trata de poner fin a la vida de una persona por nacer.
Además, el proyecto cuestiona la justificación del aborto en casos de violación, argumentando que esta medida ha sido interpretada como una justificación de la práctica, proponiendo en su lugar que el juez pueda eximir a la mujer de la pena considerando las circunstancias y su comportamiento posterior.
Con la presentación de este proyecto, se abre nuevamente el debate sobre el derecho al aborto en Argentina, país que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en diciembre de 2020, tras un largo proceso legislativo y manifestaciones públicas tanto a favor como en contra de la medida. La nueva propuesta enfrentará ahora un escrutinio tanto en el Congreso como en la opinión pública.
