La decisión del gobierno de Javier Milei de desregular el mercado de la yerba mate generó preocupación entre los productores yerbateros y la comunidad en general. La medida, que elimina la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia, podría tener consecuencias significativas para miles de pequeños productores y cooperativas, así como para los consumidores.
Hasta el momento, el INYM jugaba un papel crucial en la protección de los pequeños productores frente al poder de las grandes industrias procesadoras. Sin embargo, con la desregulación, las empresas podrían ejercer su poder de mercado para presionar a los productores a vender a precios más bajos, lo que podría afectar negativamente sus ingresos y su capacidad para mantenerse a flote.
«La intervención del Instituto evitaba que se aprovecharan de nuestra desventaja y nos hicieran ofertas irrisorias», explicó Jonás Peterson, titular del INYM, expresando la preocupación de muchos productores por el impacto de la medida en sus negocios.
Si bien el gobierno argumenta que la desregulación generará una competencia saludable entre empresas y derivará en precios más bajos para los consumidores, los especialistas advierten que esto podría consolidar el poder de las grandes empresas a expensas de los pequeños productores.
La situación recuerda a los años 90, cuando una medida similar durante el gobierno de Carlos Menem desencadenó una crisis en el sector yerbatero, con protestas y cortes de ruta de productores desesperados por los bajos precios.
Frente a esta situación, los productores yerbateros se preparan para lo que podría ser una dura batalla por mantener sus ingresos y evitar ser arrollados por las grandes corporaciones. «Si no nos defiende el Estado, tendremos que volver a las rutas y las calles como en los 90 para hacernos escuchar», sostuvo un referente del sector.
