A partir del miércoles 19 de julio, comienzó una veda que prohíbe a los funcionarios del Gobierno, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, hacer anuncios que intenten conseguir votos. Esta medida estará vigente 25 días antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tendrán lugar el 13 de agosto, y también antes de los comicios generales del 22 de octubre.
Según la ley electoral, durante este período no podrán hacer inauguraciones de obras públicas ni promover planes o programas que afecten a muchas personas. La finalidad es evitar que estos anuncios influyan en la decisión de voto de la población. En este sentido, quienes no respeten esta norma podrían enfrentar penas de inhabilitación que pueden durar desde uno hasta diez años para ejercer cargos públicos.
Desde ahora y hasta el domingo 13 de agosto, los candidatos tendrán que buscar otras formas de acercarse a la gente y ganar su apoyo, como realizar visitas y recorridas en diferentes lugares. Sin embargo, la publicidad en los medios de comunicación está permitida.
Otra fecha relevante que deben tener en cuenta los actores políticos es el 5 de agosto, cuando quedará prohibido publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, así como referirse a datos electorales hasta tres horas después de que cierren las mesas de votación en las PASO.
Finalmente, el viernes 11 de agosto dará inicio la veda electoral oficialmente, 48 horas antes de los comicios. En ese momento, se levantarán las propagandas en los medios de comunicación y los precandidatos a los distintos cargos en disputa no podrán llevar a cabo ningún acto público.
La Dirección Nacional Electoral (DINE) está encargada de organizar las elecciones nacionales y poner a punto la infraestructura electoral en todo el país, mientras que la Justicia electoral, integrada por los juzgados federales con competencia electoral, se encarga de velar por el cumplimiento de las normativas electorales. Por último, la Cámara Nacional Electoral (CNE) es responsable de mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral, así como la inscripción y registro de los partidos políticos, asegurando su adecuado funcionamiento.
