Bolivia vivió momentos de gran tensión el pasado miércoles cuando cerca de las 16 horas, una tanqueta derribó las puertas del Palacio Quemado en La Paz. El hecho fue encabezado por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien había amenazado con tomar la sede del gobierno.
Zúñiga descendió del vehículo blindado y entró al edificio gubernamental, donde confrontó cara a cara al presidente Luis Arce. Mientras tanto, soldados fuertemente armados rodeaban la plaza Murillo, en un evento que el gobierno no tardó en calificar como un intento de Golpe de Estado. La crisis se extendió por varias horas hasta que Arce, en un rápido movimiento, nombró una nueva cúpula en las Fuerzas Armadas y ordenó a los militares rebeldes regresar a sus unidades. Finalmente, Zúñiga fue detenido.
Durante su violenta incursión, Zúñiga declaró a los medios que su objetivo era cambiar piezas del gabinete y «liberar a todos los presos políticos», incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Los rumores sobre una posible destitución de Zúñiga habían circulado desde el martes, tras sus polémicas declaraciones de que detendría al expresidente Evo Morales si intentaba postularse nuevamente en las elecciones de 2025.
Desde el Palacio Quemado, Arce hizo un llamado a los bolivianos a movilizarse «en contra del golpe de Estado» y tomó juramento a los nuevos comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Las tropas leales a Zúñiga se retiraron de la plaza Murillo después de varias horas de tensión, y el presidente, desde un balcón del palacio, afirmó: «Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado».
A lo largo de la crisis, varios sectores sociales y sindicales, junto con algunos dirigentes opositores, expresaron su apoyo al gobierno. La Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga indefinida y convocó a todas las organizaciones sociales y sindicales a trasladarse a La Paz para defender el orden constitucional.
Zúñiga fue finalmente capturado y escoltado a un vehículo policial. En una breve declaración, acusó al presidente Arce de haberle ordenado «sacar los blindados para levantar su popularidad», una afirmación desmentida por diversos analistas y el propio gobierno.
El intento de golpe ha suscitado un rechazo casi unánime en la región. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) condenaron enérgicamente el quebrantamiento del orden constitucional. Líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Bernardo Arévalo expresaron su solidaridad con el gobierno de Arce y llamaron a la defensa de la democracia en Bolivia.
