El Gobierno nacional avanza con una reforma en la Ley de Migraciones (25.871) para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes en situación irregular. Desde la Casa Rosada argumentan que los jueces «traban los procesos de deportación» y buscan modificar el título V de la normativa vigente, que abarca desde el artículo 60 hasta el 73. Este cambio busca endurecer las medidas de expulsión y reducir los plazos de los procedimientos judiciales relacionados.
Según la propuesta oficial, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá un rol preponderante en la determinación y ejecución de las expulsiones, además de intervenir en las revisiones judiciales de estas decisiones. Asimismo, el artículo 70 de la actual ley establece que la Jefatura de Gabinete del Ministerio del Interior debe solicitar la retención del extranjero ante la Justicia, medida que se mantendría en la nueva normativa. Además, la Policía Migratoria auxiliar será responsable de ejecutar las detenciones y garantizar el traslado de los expulsados hasta su destino final.
La reforma también prevé modificaciones en las restricciones de reingreso para los inmigrantes deportados. Actualmente, la prohibición de retorno puede ser permanente o de hasta cinco años, dependiendo de las razones que motivaron la expulsión. Con los cambios propuestos, se busca ampliar las sanciones y aplicar un mayor control en la documentación presentada por los extranjeros para obtener residencia o ciudadanía argentina. El Gobierno sostiene que durante la gestión anterior hubo deficiencias en la verificación de estos trámites.
Además, el proyecto contempla revisar el mecanismo por el cual los inmigrantes pueden obtener residencia en Argentina por el nacimiento de hijos en el país. El oficialismo argumenta que esta política ha sido utilizada como vía para acceder a beneficios migratorios sin cumplir con los requisitos de arraigo. La iniciativa ya ha sido analizada por funcionarios clave del Ministerio de Justicia y del área de Planeamiento Estratégico, y el Ejecutivo evalúa enviarla al Congreso en las próximas semanas o implementarla a través de un decreto reglamentario.
