El proyecto de ley «Ómnibus» enviado al Congreso generó controversia al institucionalizar y ampliar el protocolo «antipiquetes», agravando la persecución y restricción de los derechos civiles en el ámbito de «Seguridad Interior». La propuesta contempla modificaciones al artículo 194 del Código Penal y a la Ley Nacional de Tránsito, buscando endurecer las penas para aquellos que interrumpan la circulación de transportes o servicios.
El artículo 194, redactado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y utilizado actualmente para penalizar la protesta social, sería modificado para aumentar las penas a 1 a 3 años y seis meses. Se introduce la figura de «organizador», penalizando con 2 a 5 años en caso de que la manifestación cause lesiones o daños a la propiedad, incluso si el organizador no está presente en el evento.
El proyecto también aborda la extorsión a beneficiarios de programas sociales, imponiendo penas de 3 a 6 años para quienes obliguen a otros a participar o abstenerse de una movilización mediante intimidación o falsa autoridad.
Además, se propone la inclusión de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Integral de Niñez para que las fuerzas de seguridad informen sobre la presencia de menores de trece años en manifestaciones.
Se crearía el artículo 194 bis para incorporar la figura del «organizador», definiéndolo como aquel que convoca, coordina, provee medios o registra asistencias en una reunión, lo que podría ampliar la discrecionalidad para imputar a personas no participantes en las manifestaciones.
El proyecto también establece que los manifestantes deberán notificar al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación, proporcionando información detallada sobre la manifestación. Se propone multar a los manifestantes con las sanciones previstas en la Ley de Tránsito e incluir un nuevo inciso que prohíba obstaculizar el tránsito mediante protestas sociales.
La iniciativa otorga al Ministerio de Seguridad la autoridad para rechazar manifestaciones notificadas por motivos de «seguridad de las personas o seguridad nacional», superando los límites constitucionales y generando preocupaciones sobre la limitación del derecho a la protesta. La propuesta también busca hacer que los manifestantes asuman los costos de los operativos de seguridad decididos por el Poder Ejecutivo. En este marco, la discusión en el Congreso promete ser intensa dada la polarización de opiniones respecto a la propuesta.
